Nada escapa a ese proceso de destrucción demográfica, medioambiental y social de la Navarra vaciada: la despoblación sigue su curso; la vida de los pueblos desaparece junto con la generación que los ha sostenido durante el último medio siglo; la biodiversidad sufre el impacto de las infraestructuras de transporte, el extractivismo minero y el despliegue de energías renovables. Son dinámicas que ni fijan población en los municipios alejados del eje Pamplona-Tudela ni transfieren a esa geografía herida recursos que permitan cambiar las inercias de fondo. El capitalismo acelerado navarro, basado en la velocidad interurbana, acentúa el desequilibrio del territorio.

Tal y como denuncia la asociación Gurelur, la pérdida de biodiversidad ya no solo afecta a grandes vertebrados como el águila, el quebrantahuesos o la avutarda, sino que se ha extendido a insectos, roedores y arácnidos. En un contexto sombrío para nuestros ecosistemas, las entidades ecologistas denuncian que la ausencia de datos y estudios por parte de las administraciones forales es deliberada.

La política de residuos es básicamente continuadora del desmadre neoliberal que desarrollaron UPN y PSN: el vertedero de Aranguren sigue en funcionamiento, cuando su vida útil de 25 años se cumplió en 2017; más de la mitad de la materia orgánica que se separa va directa a las plantas de biometanización y el compostaje es residual; las aguas de la Navarra Media son crecientemente tóxicas como consecuencia de las macrogranjas; el porcentaje de agricultura y ganadería ecológicas se ha alejado de las comunidades autónomas que lideran el sector; y la fauna de los cursos fluviales cada vez es más escasa.

En lo relativo a minería e infraestructuras, el proyecto de Mina Muga ha gozado del respaldo de las administraciones del cambio, el Canal de Navarra sigue desarrollándose con total normalidad y el tren de alta velocidad se va construyendo poco a poco. Los presupuestos engrasan las cuentas de resultados de las multinacionales de la construcción: todo bajo control, todo viento en popa.

Quizás el mejor reflejo de esa transferencia de recursos públicos, comunitarios y comunales a manos privadas que está llevando a cabo el capitalismo verde (integrado ahora en el giro militarista europeo) en comandita con las administraciones progresistas, es el despliegue de las energías renovables. En 2015 había 40 parques eólicos, con 1.180 aerogeneradores y 942 megavatios de capacidad de producción. En 2025 son ya 51 parques eólicos, con 1.399 aerogeneradores y 1.626 megavatios de capacidad de producción. En cuanto a la energía fotovoltaica, la potencia instalada ha pasado de menos de 20 megavatios en 2015 a 242 megavatios en 2025, y a fecha de mayo de 2025 se están tramitando otras 139 plantas con una capacidad de producción de 1.200 megavatios. Mientras tanto, en el mismo periodo de tiempo, [ENTRESACA] el porcentaje de hogares que no pueden mantener la vivienda con una temperatura adecuada ha pasado de 2,3% a 12,4%. El único bienestar que trae la instalación de las renovables en este formato es el bienestar de las cuentas empresariales.