La comparación entre los datos disponibles de 2014 y 2024 resulta esclarecedora. El presupuesto ha ido en este periodo desde los 51.511.198€ hasta los 85.569.172€. En ese tiempo, según la tasa de criminalidad registrada por el INE, los delitos por cada mil habitantes han pasado de 43,6 a 50,9. Resulta difícil explicar que la evolución en el gasto guarde proporción con un crecimiento real de ese cajón de sastre que llamamos criminalidad. El dato concreto de los delitos por cada mil habitantes se ha esgrimido con frecuencia en los últimos años desde posiciones securitarias. Nos parece más interesante proponer otra lectura. Lo que resulta difícil de entender es, de hecho, el tímido ascenso de estos valores en un contexto de endurecimiento del código penal, estragos sociales por la crisis económica y presencia policial exagerada.

Si sumamos todos los cuerpos presentes en el territorio, la presencia policial asciende a siete agentes por cada mil habitantes. Como declaraba recientemente Salva Díez, director general de Interior del Gobierno, con un deje de orgullo: “Navarra tiene la mayor ratio de policía por habitante del Estado”. Es llamativo el contraste entre unas dotaciones cada vez mayores y unos índices de delincuencia relativamente bajos. Llamativa por demás, hay que señalarlo, es la unanimidad de los partidos a la hora de apoyar este aumento en las dotaciones policiales. Más allá de su función social de integración a través del empleo público, no encontramos una justificación razonable a esta expansión constante del gasto. La militarización y la corriente securitaria que recorre Europa han prendido intensamente en nuestros dirigentes.